La presentación en la Justicia la hizo la Fundación Apolo, cercana a Republicanos Unidos, el partido de Ricardo López Murphy. También preparan un amparo junto a asociaciones de jubilados para frenar la medida.

La decisión del gobierno nacional de obligar a los organismos estatales a canjear deuda soberana en dólares por bonos del Tesoro en pesos, suma rechazos en distintos sectores de la sociedad. Primero fue la oposición en el Congreso de la Nación, que citó al ministro de Economía Sergio Massa para que dé explicaciones sobre la medida. Ahora, se presentó una denuncia penal.

La presentación en la Justicia la hizo la Fundación Apolo, cercana a Republicanos Unidos, el partido de Ricardo López Murphy, y apunta contra el Presidente Alberto Fernández y Sergio Massa. “Hay que impedir que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad sea usado para propósitos macroeconómicos”, afirmó el director de la organización no gubernamental, Juan Manuel Otegui.

La denuncia fue presentada por Otegui, y los abogados José Magioncalda y Juan Fazio; por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero no quedará allí: la estrategia tiene dos partes: la primera es una denuncia en sede penal; y ahora trabajan con asociaciones de jubilados para presentar un amparo, con una medida de no innovar. “Tenemos que evitar el daño, frenar la idea de que el Fondo de Garantía y sustentabilidad sea usado para propósitos macroeconómicos, que es básicamente sacarle algo de presión al dólar contado con liquidación”, apuntó el letrado.

De esta manera, los abogados buscan atacar por dos frentes. La denuncia penal por un lado, pero también el amparo, que no permite que avancen hasta tanto se sustente una breve apertura a prueba. “Es para frenar el canje de bonos. Protege el derecho constitucional de los jubilados, como la propiedad y la seguridad social que se ven vulnerados por una decisión de la autoridad pública”, subrayó Otegui.

En la presentación, la Fundación Apolo sostiene que los fondos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), de acuerdo al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, tienen que estar administrados por organismos que tengan autonomía financiera. El decreto que dispone el canje no deroga dicho artículo, “con lo cual están vulnerando esa autonomía”.

La denuncia sostiene que si bien el decreto de Alberto Fernández que dispone la venta de los bonos no deroga “expresa y genéricamente” la autonomía financiera y económica de Anses, “sí lo hace de modo implícito” porque le “impone canjear los bonos en dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad por bonos en pesos”. Y remata: “Lejos de complementar financieramente al sistema de la seguridad social, el Poder Ejecutivo Nacional lo está utilizando con objetivos macroeconómicos totalmente ajenos a la finalidad de dicho sistema. Se sirve del sistema, en vez de servirlo”.